Por Román Orozco
El País Andalucía, 17 de octubre de 2012
José Ignacio Wert se ha convertido en la estrella de la división
acorazada mediática del país. Cuando fue nombrado ministro, parecía que
iba a representar el ala más liberal del Gobierno. Pero no ha sido así.
Al contrario. Desde el primer día, ha añadido el calificativo ultra a su
liberalismo de tertulia radiofónica.
Dos de sus primeras hazañas le granjearon la simpatía de los sectores
más reaccionarios de la derecha: la anulación de la asignatura
Educación para la Ciudadanía y las subvenciones a los colegios
concertados (ultra) religiosos que segregan a sus alumnos por sexo. Su
última proeza ha sido afirmar que los niños catalanes necesitan ser
españolizados.
Estas decisiones de Wert no son fruto de la casualidad o de su
inexperiencia política. Él mismo ha reconocido que no improvisó su
andanada anticatalanista. Y días después afirmó: “No rectifico ni una
coma”.
Bajo el paraguas de la crisis, el Gobierno del PP está introduciendo
profundos cambios que afectan a todos los ámbitos de la vida española:
la reforma laboral, que entrega todo el poder al empresario; la
recentralización del modelo autonómico; las reformas que desvirtúan el
derecho al aborto y endurecen el Código Penal... Pero lo más peligroso
son las reformas ideológicas en la educación.
Como afirma Wert, nada es improvisado. Forma parte del programa
oculto que se fragua en la FAES de Aznar. Golpe a golpe, esta derecha
ultramontana está arrasando con las bases de una sociedad moderna que
lideraba en Europa la defensa de los derechos laborales y sociales.
El control casi absoluto que ejerce en el Estado el PP, tras las
elecciones autonómicas, municipales y generales, al que suman el apoyo
incondicional de buena parte de los medios de comunicación, públicos
(tras el asalto a TVE) y privados, hacen casi imposible que se pueda
plantar cara a esta oleada ultraconservadora.
Por ello, es importante observar lo que sucede en reductos como el
andaluz, donde gobierna una coalición de izquierdas. El Gobierno de José
Griñán, al que no le queda más remedio que cumplir con determinados
mandatos de Madrid (ajuste del déficit), intenta dañar lo menos posible
en sus ajustes los dos pilares del Estado de bienestar, la sanidad y la
educación.
En ese sentido, el Gobierno andaluz contrarresta la ofensiva
conservadora con medidas aparentemente menores, pero que tienen un gran
simbolismo en estos tiempos. En primer lugar, y en el uso de sus
competencias, recuperando las partes que Wert censuró del contenido de
la antigua Educación para la Ciudadanía. Así, los niños andaluces podrán
seguir estudiando la división social y sexual del trabajo y los
prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y
homófobos que imperan en la sociedad.
Y frente al revisionismo centralista y reaccionario de la historia,
según la cual Franco no fue un dictador, la Junta prepara una Ley para
la Recuperación de la Memoria Democrática en Andalucía, que permitirá el
estudio en los institutos de la II República, la sublevación militar
fascista del 36, o la larga dictadura franquista.
Al tiempo, se aprobarán unas ordenanzas según las cuales los
Ayuntamientos que incumplan la vigente Ley de la Memoria Histórica de
2007, y no retiren los símbolos franquistas de sus municipios, dejaran
de percibir ayudas y subvenciones de la Junta.
Porque la eliminación de los nombres de calles y plazas de
personalidades como García Lorca (caso de Berja, Almería) son algo más
que una anécdota. Son el reflejo que llega a los alcaldes de remotos
pueblos de que en la España del PP, en esta Wertlandia de pacotilla, se vuelve al pasado.
@JRomanOrozco
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