Un elevado número de notables líderes internacionales, entre los que se encuentran varios expresidentes y el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, acaban de presentar un informe en Nueva York en el que proponen un viraje radical en el enfoque de la lucha contra la droga. En concreto, sugieren despenalizar el consumo y facilitar el acceso controlado a la misma. La iniciativa debe ser tomada muy en serio. Tras años de insistir en la misma estrategia, hay que constatar el fracaso de las actuales políticas punitivas, que tienden a convertir a los adictos en delincuentes y nutren una economía criminal cada vez más poderosa. Los carteles de la droga manejan más recursos que muchos de los países en los que operan; se han convertido en una gangrena que corroe al Estado de derecho.
Por otra parte, los Gobiernos tienen que destinar cada vez más dinero a sostener unas políticas cuyos resultados son decepcionantes. No solo no se reduce el problema, sino que aumenta. La criminalidad asociada al tráfico ilegal supone en muchos países una sangría en vidas insoportable, y una amenaza política muy seria.
Se impone la necesidad de abordar otras alternativas. El hecho de que entre los promotores de la propuesta figuren no pocos antiguos mandatarios de países que han sufrido los estragos de este problema indica hasta qué punto están agotadas las políticas que se mantienen más por la inercia y los intereses creados en torno a ellas que por una evaluación racional y ponderada de sus logros.
La legalización no debe tomarse, sin embargo, como una panacea. El camino es sin duda complejo y nadie asegura el éxito. El objetivo es intentar un cambio de paradigma que permita reducir el problema a una escala más manejable. No se trata, por supuesto, de convertir de repente las drogas en una mercancía de libre acceso; en ningún caso se plantea algo parecido a abrir estancos de narcóticos, estupefacientes y alucinógenos. Una liberalización total regida únicamente por las reglas del mercado permitiría aflorar la economía que ahora sustenta el tráfico ilegal, y hasta convertirlo en un lucrativo negocio, pero a costa de extender todavía más el problema sanitario.
Lo que se propone es la despenalización del consumo y la regulación responsable del acceso a las sustancias psicoactivas. Se trata de habilitar un sistema que permita a los adictos recibir la droga, al tiempo que se les ofrece ayuda médica para tratar su dependencia. Ello rompería el principal eslabón de la actual cadena criminal, basada en que cada nuevo adicto se ve impelido a convertirse en camello y conseguir nuevos adictos para poder sostener su consumo. Romper esta cadena supone dejar sin mercado a los carteles de la droga.
Este es un debate que afecta especialmente a España. No solo es un eslabón muy importante en el tráfico ilegal, sino que su consumo lastra el futuro de muchos jóvenes. Las razones para explorar esta vía son muchas. Merece la pena intentarlo.
(Editorial de El País, 14 de septiembre de 2014)
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