El País, 22/09/2010
El papa Benedicto XVI ha lamentado durante su reciente viaje al Reino Unido que la Iglesia no haya sido "suficientemente vigilante, veloz y decidida" para atajar los numerosos casos de abusos sexuales de menores por parte de miembros de clero. Bienvenido sea ese reconocimiento, aunque llegue demasiado tarde y ya no tenga efecto alguno sobre unos hechos abominables que han dejado un reguero de víctimas inocentes y de familias destrozadas.
Lo que cabría esperar de la Iglesia es que esa falta de contundencia fuera cosa del pasado y que no se perpetuara en el presente: admitiendo que los abusos sexuales de menores no son simples errores o pecados que la Iglesia puede perdonar sino graves delitos que deben ser perseguidos por la justicia y cuyos autores merecen ser castigados. Solo desde esa perspectiva puede confiarse en que su promesa de que "en el futuro seremos más sinceros y transparentes" va más allá de la retórica.
En el escándalo de pederastia que afecta a la Iglesia belga, como antes a la de Estados Unidos e Irlanda, la actitud de la jerarquía católica ha sido su encubrimiento sistemático y, cuando ha sido imposible su ocultamiento, la estrategia ha consistido en excusar este tipo de conductas y despojarlas de su gravísima dimensión delictiva. Se trata de la misma jerarquía que clama contra el relativismo moral que, a su juicio, caracteriza a la sociedad moderna y que, entre otros males, provoca la destrucción de la familia. Pero, ¿qué mayor relativismo moral que el de la Iglesia católica, restando gravedad a los abusos sexuales a menores en su seno y qué mayor destrucción de la familia que la agresión sexual a sus miembros más débiles? Ese relativismo moral explica la actitud ambigua de la Iglesia belga ante los padecimientos infligidos durante décadas por decenas de religiosos a cientos de niños y adolescentes en parroquias, centros educativos e instituciones de acogida: un vago mea culpa que no es ni siquiera una condena moral y que queda lejos de la justicia y de la reparación debidas a las víctimas y a la sociedad.
Los abusos sexuales de menores son delitos comunes perseguibles ante los tribunales de justicia y frente a los que no caben jurisdicciones canónicas ni inmunidades vaticanas. La justicia belga ha decidido investigar y lo que se espera de la jerarquía católica es que colabore en la investigación del delito y la identificación de los autores. Con todas las garantías de la ley, pero sin privilegios ni componendas.
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